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Energía

Gasoducto del sur (SITGAS): evaluación financiera de esquemas de ejecución bajo APP y alternativas estatales para el MINEM

24 Sep 2021  ·  Jose Cortes

Llevar gas natural a la zona sur del Perú es una promesa de política energética que lleva años de idas y vueltas. En 2021, con el proyecto en pleno debate sobre qué esquema usar, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) contrató a Inkapitales para evaluar el lado financiero del Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur del Perú (SITGAS).

El proyecto

El SITGAS es el relanzamiento del antiguo Gasoducto Sur Peruano, cuya concesión caducó en enero de 2017 por no lograr el cierre financiero, según Gestión. El Estado planteó entonces un proyecto nuevo, con un trazo de dos tramos descritos por el MINEM: uno hasta Anta, en Cusco, y otro hasta Ilo, en Moquegua. A diferencia del esquema anterior, financiado por el sector privado y con una garantía cuyo costo se trasladaba a los recibos de luz, el nuevo proyecto sería cofinanciado con recursos del Estado, según declaraciones del ministro de entonces recogidas por ProActivo en 2019. El proyecto formó parte de la lista de 52 proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad.

Un estudio de preinversión a cargo de Mott MacDonald comparó alternativas. Según Gestión (marzo de 2021), la ruta elegida fue un gasoducto interno con una inversión cercana a US$ 4,500 millones, menor que las alternativas de un gasoducto costero o del transporte de GNL por barco. El mismo medio señaló que el proceso de licitación estaba detenido y que la decisión quedaba en manos del gobierno que asumiría el 28 de julio de 2021.

Contexto y marco de la inversión

En julio de 2021, ProActivo recogía dos alternativas de ejecución: licitar el proyecto a través de PROINVERSIÓN, como el Gasoducto Sur Peruano, o un esquema de Gobierno a Gobierno, que sería más rápido. Faltaba todavía el estudio final de demanda de gas y la ingeniería de detalle del trazo. Gestión añadía otro punto crítico: las reservas de la fuente principal de gas, el lote 58, no estaban certificadas.

Esa incertidumbre explica por qué el esquema de financiamiento era una pregunta abierta. La clasificación importa. Según el Reglamento del Decreto Legislativo 1362, una APP es autofinanciada si requiere garantías financieras mínimas (que no superen el 5 % del costo total de inversión) o garantías no financieras con probabilidad mínima o nula de demandar cofinanciamiento (no mayor al 10 % en cada uno de los primeros cinco años). Es cofinanciada si requiere cofinanciamiento o garantías por encima de esos umbrales. Cuál de los dos casos aplica depende de la demanda, del costo del capital y de cuánto riesgo se prefiere dejar en el sector público, y eso solo se sabe con un modelo financiero.

El rol de Inkapitales

Entre el 8 de julio y el 24 de septiembre de 2021, Inkapitales prestó servicios de consultoría especializada en la fase de formulación del SITGAS, como evaluador financiero de proyectos en APP, para la Unidad Formuladora de la Dirección General de Hidrocarburos del MINEM. El trabajo comprendió:

  • La estimación del WACC (costo promedio ponderado de capital) del proyecto.
  • El modelamiento del financiamiento bajo un esquema de APP cofinanciada y autofinanciada, con retribuciones (RPI y RPMO), los cargos SISE y CASE y el RCSD.
  • El modelamiento bajo un esquema de obra pública Estado a Estado, con una APP de operación y mantenimiento.
  • El modelamiento bajo un esquema de ejecución por una empresa estatal.
  • Un enfoque determinístico, que da un resultado por escenario, y un enfoque probabilístico, que muestra el rango de resultados posibles.

Es decir, Inkapitales no evaluó una sola ruta, sino varios esquemas de ejecución a la vez, con el mismo método para poder compararlos. El encargo se ubicó en la fase de formulación, la de definición de alternativas, antes de cualquier proceso de promoción.

Por qué importa

Un proyecto de esta escala no se decide solo con la ingeniería. La elección entre un contrato APP, una obra pública entre Estados o una empresa estatal cambia quién asume el riesgo de demanda, cuánto paga el consumidor, qué compromisos adquiere el Estado y qué tan rápido puede empezar la obra. Cuantificar esas diferencias con el mismo modelo permite al sector público decidir con evidencia y no con la presión del calendario político.

Las fuentes públicas consultadas no permiten confirmar el estado actual del proyecto ni si alguno de los esquemas evaluados fue adoptado después de 2021. El valor del encargo está en el método: comparar alternativas de ejecución bajo un mismo marco financiero y mostrar, junto con el caso esperado, el rango de riesgo.

Fuentes consultadas

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